'El gobierno de EPN será recordado por la corrupción y las graves violaciones a derechos humanos'

El gobierno de Enrique Peña Nieto será recordado por las graves violaciones a los derechos humanos y por la corrupción, y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 se impone como la marca trascendente de su sexenio.

"Ayotzinapa descubre el ADN corrupto de este gobierno que se va, casos como la Casa Blanca, Odebrecht, dan cuenta de los intereses económicos sucios de muchos funcionarios que formaron parte del gobierno de Enrique Peña Nieto", complementa tras un primer análisis Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" AC (PRODH), al hablar del porqué será recordado el sexenio de Peña.

En México, la relevancia de la gravedad de la crisis de violación de derechos humanos es consensuada, no sólo por organismos regionales también por internacionales dedicados a su defensa, destacando la marca de la impunidad y la corrupción sistémicas en un contexto de macrocriminalidad, lo cual "implica que tenemos regiones del país que son controladas por el crimen organizado, donde la institucionalidad del Estado no existe o forma parte de la delincuencia organizada, en este contexto se explican tragedias como Ayotzinapa, Tierra Blanca, San Fernando", dice Patrón en entrevista con el HuffPost.

Para el director del Centro Prodh, Peña Nieto cometió al menos cuatro errores graves.

El primero. Seguir un modelo de seguridad de corte militarizado que ya había sido probado por Felipe Calderón por seis años sin tener datos sólidos de que se había reducido la violencia.

El 3 de diciembre de 2012, Peña Nieto reiteraba que tendría una estrategia de seguridad distinta a la iniciada por Calderón en diciembre de 2006, pero que en tanto no la echara a andar las Fuerzas Armadas seguirían en las calles.
El modelo de seguridad no ha sido sometido a debate ni a evaluación y escrutinio como una política pública. Lo que nosotros decimos, desde el Centro Prodh, es que la militarización no sostiene ningún dato empírico de la reducción de la violencia".Mario Patrón.

Peña tampoco apostó por la construcción de instituciones civiles de seguridad y, a decir de la organización, la apuesta presupuestal y de política pública fue por las fuerzas armadas como "el corazón de la seguridad."

Datos del INEGI y diversos estudios académicos señalan que en México uno de cada 10 delitos denunciados tienen acceso a la justicia.

El índice de impunidad en México aumentó en 2017, tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República, ocupando el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) y a la cabeza de la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.

Aunque Patrón reconoce que la impunidad no se construyó solamente en el sexenio de Peña, su gobierno no hizo una evaluación desde el principio, a fin de generar un proceso de reconstrucción institucional del país y que sólo en los dos últimos años de su gobierno comenzó a hablarse de una Fiscalía General autónoma e independiente, pero debido al empuje de las organizaciones de la sociedad civil.

En 2014 con la reforma constitucional en materia política-electoral, en la que se establece la creación de la Fiscalía General de la República, se buscaba alinear a esta institución a la lógica de la operación del sistema penal acusatorio, a fin de anclar todo el modelo de procuración de justicia, de fiscalías y procuradurías locales.

El gobierno de Peña tampoco enfatizó la prevención ni reconstrucción de los tejidos sociales, enumera Patrón, y para hacerlo menciona la falta de presupuesto del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), adscrito a la Secretaría de Gobernación (SG), que no tuvo presupuesto en 2017 ni en 2018.

El Pronapred fue creado en 2014 a fin de "atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia."

El director del Centro Prodh hace notar que este gobierno tampoco apostó por políticas de salud pública, como la política hacia las drogas, y otras más asociadas con la violencia, "nunca hubo más que fortalecer a las fuerzas armadas."
Nunca se aceptó el diagnóstico, mas bien se combatió. Después de Ayotzinapa, que es el gran relumbrón del caso paradigmático de lo que pasa en nuestro país, siempre la posición del gobierno federal fue que México era víctima a la sobreexposición de supervisión de mecanismos y organismos internacionales y por eso corren al GIEI y por eso rivalizan con el relator contra la tortura Juan Méndez de la ONU o el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU." Mario Patrón

En 2015, tras una visita el año anterior a México, el relator especial contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, presentó un informe en el que concluía que la tortura es generalizada en México, que ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y que se hace con fines de castigo e investigación.

En abril de 2016, el gobierno de México rechazó que hubiera una ruptura con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero descartó una ampliación de plazo para que el grupo de expertos permaneciera en el país.
La primera oportunidad para empezar a revertir esa realidad dolorosa es aceptar el diagnóstico, si no lo aceptas no puedes construir una agenda de transformación y me parece que esa es la historia del gobierno de Enrique Peña Nieto."Mario Patrón.
Y LOS MILITARES SEGUIRÁN EN LAS CALLES

En diciembre de 2017 fue aprobada la polémica Ley de Seguridad Interior, con lo cual el estado de excepción de tener a las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública se ponía en la ley. Este 6 de septiembre, senadores y senadoras de la recién estrenada 64 legislatura presentaron una iniciativa para abrogarla.

Al respecto, Patrón señala que no se puede cambiar el modelo de seguridad de corte militarizado con una ley como esta y que encuentra incongruencia sobre la apuesta de cambiar el modelo de cara a la administración que está por entrar teniendo la Ley de Seguridad Interior.

"Andrés Manuel López Obrador nunca prometió en campaña abrogar la Ley de Seguridad Interior, quien ha dicho que no la aplicará y que esperará a ver cuál es el pronunciamiento de la Suprema Corte", apunta Patrón.

En agosto pasado, Zoé Robledo, propuesto como subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de López Obrador, informó que el próximo gobierno no tiene aún claridad sobre lo que seguirá para la Ley de Seguridad Interior, pues están esperando al 1 de diciembre, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas, incluso por Morena, y de las cuales dos han sido resueltas a favor al considerarla violatoria de derechos humanos.

El Centro Prodh está consciente de que la violencia se padece de manera distinta en diversas regiones del país por lo que la situación actual de las instituciones de seguridad del país, probablemente no dé para retirar de inmediato al Ejército, por ello apuestan a que el próximo gobierno fortalezca los primeros años el sistema nacional de seguridad pública y las instituciones civiles de seguridad, de tal manera que se pueda construir un programa de retiro programático de las fuerzas armadas.

Nos parece que una decisión prudente del gobierno sería vamos a hacer diagnósticos focalizados, regionalizados, para ver en qué regiones del país podríamos empezar ya con el retiro programático del Ejército."Mario Patrón.

Aunque la organización ve como un buen intento los foros de pacificación, el cambio de narrativa y la visión de la exministra Olga Sánchez Cordero, senadora y próxima secretaria de Gobernación, de poner en el centro a las víctimas, se dicen preocupados por el planteamiento de perdón y olvido al verlos como signos de impunidad.

Patrón recuerda cuando en el sexenio de Vicente Fox se creó, y se desapareció, la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp). Al principio de su sexenio, Fox se comprometió a terminar con la impunidad de quienes, desde el gobierno, en las décadas de los sesenta y setenta desataron una ola de represión que produjo muertes y desapariciones nunca esclarecidas en lo que se conoce como la guerra sucia en México.

La apuesta del próximo gobierno debería enfocarse en la justicia transicional, como diversas voces de la sociedad civil y la academia han recomendado: "Lo mejor sería hablar de justicia transicional que nos ayude a transitar del antes al después y que genere una reforma institucional que permita combatir esta impunidad y corrupción sistemática que vive el país", concluye Mario Patrón.

Este texto forma parte de la serie #DerechosHumanosMéxico #VocesDeLaTransición

Primera entrega: 'Enrique Peña Nieto deja un país de fosas, desaparecidos y feminicidios': Denise Dresser

Segunda entrega: Desastres ambientales, minería y despojo de tierras: las deudas del sexenio de EPN (entrevista con Benjamin Cokelet, de PODER).

Tercera entrega: México, donde el gobierno lo vio todo y se hizo cómplice de las desapariciones #6toInforme (entrevista con Lucía de los Ángeles Díaz, fundadora del Colectivo Solecito Veracruz)

Cuarta entrega: 'Si se hablara de las víctimas como se habla del NAIM las cosas serían muy distintas' (entrevista con el investigador Jacobo Dayán)

Este texto forma parte de la serie #VocesDeLaTransición y es la cuarta entrega sobre el balance de EPN en materia de derechos humanos. Consulta el resto del serial aquí.

huffingtonpost / Paola Morales